Javier Caceres Leal

AAl comenzar la guerra entre Ejecutivo y Congreso el secretario de la Presidencia podría ser la primera baja por los millonarios contratos de su familia con el Estado.

La respuesta del Congreso se veía venir. Era apenas natural que después de la descalificación moral que hiciera el presidente Andrés Pastrana de los congresistas para justificar la revocatoria de su mandato, mediante un referendo, los parlamentarios movieran sus fichas para responderle al Ejecutivo con las mismas armas. La semana pasada el encargado de soltar la artillería fue el senador Javier Cáceres, el mismo que destapó los escándalos de Dragacol y los bancos Andino y Pacífico, en los que se perdieron más de 300.000 millones de pesos.

¿En qué consisten las denuncias de Cáceres? El senador sostiene que el secretario general de la Presidencia, Juan Hernández, y su familia, se han lucrado por cuenta de varios contratos con el Estado celebrados a través de la empresa Acertar Ltda., cuya presidenta y representante legal es Julia Lucía Pardo, esposa de Hernández. La compañía se dedica a la confección de uniformes para varias entidades, entre ellas la Policía y el DAS.

Según Cáceres, la empresa Acertar Ltda. contrató con la Policía en los años 1995, 96 y 97 por cifras relativamente bajas, pero después de 1998 —cuando Juan Hernández fue designado secretario general— la cuantía de esos contratos se disparó hasta llegar a 12.000 millones de pesos. Un informe de la Contraloría General sostiene que durante 1999 a esa empresa le fueron adjudicados contratos por 5.800 millones de pesos.

Las denuncias de Cáceres también se refieren al contrato 024-99 por 592 millones de pesos, celebrado entre Acertar Ltda. y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo que depende directamente de la Presidencia de la República, es decir, de Juan Hernández, que es su secretario general. Hernández deberá responder por estos cargos el próximo 2 de mayo cuando comparezca ante el Senado.

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